Un estudio encargado por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) concluye que la  sustitución de contadores que no implican el uso de la mejor tecnología disponible no asegura el desarrollo adecuado de nuevos modelos de negocio y, por lo tanto, nuevas opciones para los consumidores y usuarios.

Adicionalmente, se pone de manifiesto la existencia de limitaciones injustificadas al acceso a  los datos de consumo eléctrico, hecho que tiene importantes implicaciones en términos de bienestar de los consumidores y de la competencia, en la medida en que el acceso a la información es un elemento clave para el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

Dado que el  ámbito virtual de los datos del sector eléctrico no se corresponde con un monopolio natural, la ACCO advierte que no se encontraría justificado asignar al distribuidor eléctrico la gestión en exclusiva de los datos.

Potencialidades

Los datos son la base para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, circunstancia que condujo a la ACCO a elaborar y a publicar recientemente un estudio sobre esta materia: “La  economía de los datos. Retos para la competencia” (ES 12/2016)

Así pues, si se limita el acceso a este elemento resulta más difícil que los consumidores y usuarios puedan optar por nuevos y, tal vez, mejores servicios.

El ámbito eléctrico no constituye ninguna excepción a esta afirmación. Así, si se limita el acceso a la información, se está impidiendo que, entre otros, los consumidores y usuarios puedan obtener:

  • Un mayor ahorro económico (por ejemplo, que los electrodomésticos se enciendan cuando la energía es más barata).
  • Una mayor eficiencia del sistema (si los usuarios cercanos pueden intercambiar energía, las pérdidas de distribución son menores).
  • Una mayor variedad de servicios, incluso en el  ámbito no energético (como los servicios sociales para detectar un comportamiento anómalo de población vulnerable ante un cambio en el patrón de consumo que pueda indicar, por ejemplo, que una persona mayor que vive sola haya podido tener una incidencia y, así, poder reaccionar rápidamente —si una determinada mañana de invierno no se enciende ninguna luz al domicilio—).

 

 

Actuaciones

 

A partir del estudio “Acceso  a los datos de consumo eléctrico de los contadores digitales y su uso”, elaborado por el especialista el Dr. Pep Salas, la ACCO considera que diferentes conductas han conducido a limitar el acceso a los datos del consumo eléctrico y por tanto dificultan que el ciudadano pueda tener a su alcance las potencialidades descritas:

  • Precipitada instalación de contadores  digitales: cuando se impuso la obligación del cambio de contadores no se tuvo en cuenta si los modelos que se instalaban permitirían el desarrollo de nuevas actividades económicas. De hecho, ni siquiera se llevó a cabo un estudio de coste-beneficio (en los términos establecidos a nivel comunitario) respecto a la decisión del cambio de contadores, circunstancia que llevó a que no se valoraran detenidamente ni el  momento del cambio ni si se estaba instalando la mejor tecnología ya  disponible en ese momento. Asimismo, la totalidad del coste recae sobre el consumidor.
  • Existe una ausencia de normativa  precisa que regule el acceso efectivo en igualdad de condiciones por parte de  cualquier operador que disponga del consentimiento del ciudadano. Y, en  términos de calidad, la normativa que existe es poco exigente al tolerar un retraso máximo en el acceso a los datos de consumo de hasta 1 semana (cuando en el resto de estados miembros es de 1 día). Este desfase reduce el potencial de modelos de negocio relacionados.
  • Asignación del cambio de contadores y,  en general, de la gestión de los datos a los distribuidores de electricidad, en tanto en cuanto la medida les compete. Sin embargo, atendiendo a que en el caso de España el distribuidor eléctrico pertenece habitualmente a grupos empresariales con intereses también en el segmento de la comercialización, hay que velar por que no otorgue ningún trato preferente a la empresa comercializadora de su propio grupo.

 

Propuestas

Con el objetivo de enderezar la actual situación, la ACCO plantea tres propuestas:

  • Clarificar y asegurar la separación estructural  entre distribuidores y comercializadores con una doble finalidad: por un lado, evitar confusión por parte de los consumidores y usuarios y, por otro lado, garantizar a terceras partes un  acceso neutro y escalable a los datos (por ejemplo, obligando a la implementación de unas API a los distribuidores).
  • Constituir un operador neutro de datos que, en la medida en que no tendrá intereses en el ámbito de la comercialización, no tendrá incentivos para beneficiar a ningún agente en concreto, de tal manera que serviría también para armonizar las fuentes de  información e incluir otros recursos energéticos distribuidos.
  • Incentivar la aparición de la figura independiente  del agregador a partir del acceso a los datos, un nuevo agente en el mercado  libre que aporta flexibilidad al sistema tanto en la parte de la demanda como  en la de la oferta, por ejemplo, nivelando los picos de demanda y ayudando al  desarrollo de soluciones de generación y almacenamiento distribuido de energía.  En este punto, conviene recordar que la ACCO ya apuntó este modelo distribuido  de energía en el documento “El  autoconsumo eléctrico y la competencia” y en el vídeo asociado.
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El estudio “Acceso  a los datos de consumo eléctrico de los contadores digitales y su uso”, elaborado a encargo de la ACCO por el especialista el Dr. Pep Salas, se encuentra disponible en la web de la ACCO en catalán y en castellano.

Asimismo, a partir de este estudio, la ACCO ha elaborado el documento “Aspectos relevantes desde la óptica de la competencia en relación con el «Acceso a los datos de consumo eléctrico de los contadores digitales y su uso»”, disponible también en la web de la ACCO en catalán, en castellano y en inglés.

La ACCO, un organismo independiente que vela por garantizar la libre  competencia

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) es un organismo de la Generalidad de Cataluña de carácter independiente, regulado por la Ley 1/2009, de 12 de febrero. Su principal función es “garantizar, mejorar y promover las condiciones de libre competencia y transparencia en los mercados respecto a las actividades económicas que se ejercen principalmente en Cataluña”.


Próximamente se realizará una presentación del estudio.